La "democratización de la justicia" como slogan es un sofisma grande como una casa.
Están presentando al Poder Judicial como impermeable tanto a los partidos políticos como al voto mayoritario que concitan. Es un bolazo. Lo que ocurre es que la Corte dio por tierra con una iniciativa concreta que emanó de la mayoría vigente representada en el Ejectivo y el Legislativo, llevada adelante de una forma tan intempestiva que activó sus reflejos corporativos y de defensa a su grupo de pertenencia, la "famiglia judicial". Más o menos como hace el oficialismo con sujetos como Gildo Insfran y Carlos Menem. O lo haría Solanas con Prat Gay.
El oficialismo razona en dos sentidos: creen ser mejor moralmente que el resto del espectro político (y en buena medida lo comparto) y supone que esa superioridad puede constituir mayoría por siempre jamás.
No estoy tan seguro. Por eso me preocupan las reglas del juego que se establecen.
Vamos al caso de la elección de los consejeros para elegir los jueces. Qué pasaría en el hipotético caso que sea el Pro quien obtenga el 54% de los votos y así se plasmara proporcionalmente en la composición del cuerpo? Los jueces serían todos amigos conchetos de Macri, que responderían más que los de ahora a los designios del poder económico.
Pienso otro tanto, por ejemplo, con la publicidad oficial en Fútbol para Todos. No nos molesta tanto a los que coincidimos con este proyecto en reglas generales. Pero, nos imaginamos este mismo mecanismo para que Macri le responda desde los entretiempos de los partidos a los reclamos populares que forzosamente emergerían con una gestión de ortodoxia económica y neoliberalismo?
Por eso creo que a la hora de fijar las reglas hay que imaginarlse siendo minoría.
En estos días escucho demasiado que los jueces están de espaldas al mandato popular. Quiero fundamentar brevemente por qué eso es mentira.
Allá por el año 1989 Alfonsín (Raúl Ricardo) no daba más. Todos sus planes de estabilización de la economía se le convertían en arena entre los dedos. Una crisis institucional iba a suceder a la enorme hiperinflación que sujetos como Cavallo (que viajó a EEUU a detener un stand by de salvación) propiciaban con entusiasmo. Saqueos, infartos. Carlos Saúl Menem, el chupamedias y farandulero gobernador de La Rioja, había ganado las elecciones vistiendo un poncho que hacía juego con sus patillotas y un discurso de corte "populista" (por entonces, el populismo era lo que ahora se está haciendo en materia de favorecer el mercado interno por la línea de mejorar la distribución del ingreo y fortalecer la industria nacional). Se juntan los dos en Olivos. Algún reportero gráfico de Página 12 los retrata ensimismados y caminando por los caminos de la quinta presidencial. Hay que adelantar el traspaso de mando. Ver si la cosa se arregla con la esperanza del nuevo gobierno. Menem no está demasiado feliz con el país prendido fuego que recibiría; no tiene ni puta idea de qué hacer (primero pondrá a su amigo el guitarrero riojano Erman González, después se entregará a un equipo del holding cerealero Bunge & Born y finalmente, cuando nada sirve, aparecerá Domingo Cavallo para armar la espantosa maquinaria de la convertibilidad). A cambio de ponerse la banda, el turco pide cosas al presidente radical. Una es que los legisladores radicales le voten todos los jueces que se le cante presentar ante la Comisión de acuerdos del Senado, que presidía el catamarqueño (famoso por un debate con el canciller Dante Caputo en el marco del conflicto limítrofe con Chile en cuanto al canal de Beagle) Vicente Leónidas Saadi. Alfonsín acepta, y sus legisladores levantan la mano a cada nombre. El abyecto patiulldo asume finalmente el 8 de julio, y se calzan la toga una gavilla de ignorantes y delincuentes abogados amigos del presidente entrante, muchos de los cuales adquirían renombre en los años subsiguientes, cuando convalidarían desde la justicia el saqueo plebiscitado menemista. Muchos de ellos siguen en funciones.
Nótese cuán permeable ha sido el Poder Judicial al sistema de partidos. Más que eso: como el Poder Judicial se ha constituido por enjuagues varios de los partidos mayoritarios.
Después, la llegada del Consejo de la Magistratura es un organismo surgido de la componenda (otra vez!) entre Alfonsín (el mismo de antes; el de ahora no puede componer ni un toma) y Menem. El que asumió antes de tiempo quería una segunda reelección y "el pueblo" también. En ese entonces, "la mayoría" amaba la entrada al primer mundo que representó la convertibilidad, que era un cáncer más o menos visible para nuestra economía. Bah, era visible para quien quisiera verla: desempleo, desindustrialización, etc. Había que reformar la Constitución. 1994. Se reforma la Constitución y se aprovecha para meter nuevos derechos, como el de los consumidores, para "democratizar" el Honorable Senado con la inclusión de un tercer escaño provincial para las minorías y alguna cuestión más. Ahí entra el remanido cuerpo colegiado que designará jueces. Gente magnífica como los de "el Grupo de los 8" (diputados peronistas que se bajaron del menemismo ni bien se puso neoliberal), la propia Cristina Fernández o el sacerdote Jaime de Nevares van como constituyentes a Santa Fe. Se reforma la Carta Magna.
Perdón si me agarró el berretín de historiador. Se dice que el periodismo da la primera versión de la historia.
Cito este proceso para sostener mi idea de que es falso el argumento que dice que el Poder Judicial da la espalda a las mayorías. Todo lo contrario. Y no porque tenga en conjunto un gran amor por la voluntad popular. Lo que no le gusta es esta voluntad popular, la de ahora.
Capítulo aparte merecería el derrotero de la "democratización de la justicia", como slogan.
Repasemos cómo surgió.
- Néstor se pelea con Clarín.
- Rescata el viejo anhelo de una ley de medios que reemplace a la de la dictadura.
- Se constituye la Coalición por una Comunicación Democrática, que discute en asambleas de todo el país un nuevo articulado para las nuevas formas de la radiodifusión.
- La ley se aprueba en el Congreso en 2009.
- Clarín echa mano a las cautelares para frenar artículos que lo obligan a dividir su imperio.
- El gobierno apela la supuesta inconstitucionalidad de los artículos que tocan a Clarín.
- La disputa va a parar a la Corte.
- Mientras se espera, el resto de la ley (vigente) parece importarle al Gobierno tres pitos.
- Por la indignación que generan los jueces clarinistas, nacen proyectos para reglamentar el per saltum (mecanismo por el que la Corte estira la mano a tribunales inferiores y agarra causas empantanadas que generan sismos institucionales) y para limitar las cautelares. Este último aspecto se hace tan a las apuradas, que un periodista afín como Horacio Verbitsky (de notable influencia en decisiones gubernamentales) en su alterna condición de titular del Cels, se tiene que trasladar al Congreso para explicar por qué la limitación de las cautelares puede afectar a los más débiles.
- Proyecto macro para la democratización de la justicia. Incluye hacer más expeditivos los procesos, traducirlos al castellano, crear nuevos tribunales de casación, etc. Se convierte en ley.
- Más cautelares (posta que es un abuso)
- Declaración de inconstucionalidad por parte de los supremos, al articulado sobre el Consejo de la Magistratura y la inclusión de los candidatos en las boletas electorales. Según varios con argumentos mamarrachescos.
Tal vez, cruzadas como la democratización de la justicia requiera un pelín más de debate.
Considerar, por ejemplo, si se trata de permeabilizarla a una democracia política o más bien a una económica.
Para que, por ejemplo, no sean siempre los pobres los que habiten las cárceles.
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